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Imagen de una reunión sectorial de UPTA.

Sólo cuatro de cada cien trabajadores autónomos dependientes están registrados y pueden ejercer sus derechos

El Autónomo Digital. La renuencia de las empresas, la falta de información y la actitud poco colaborativa de algunos sectores de la Administración hace que miles de autónomos no tengan la protección adecuada. Así, al menos, lo asegura la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Según los datos de explotación de la EPA que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), a los que ha podido tener acceso UPTA, en la actualidad 281.000 trabajadores autónomos reconocen que trabajan en exclusiva para una sola empresa o bien que lo hacen casi en exclusiva, aunque hagan algunos otros trabajos esporádicos. 100.400 personas están en la primera categoría y 180.600 en la segunda.

De estos 281.000 trabajadores podemos descontar a los 40.000 del sector agrario, que tienen otras condiciones no equivalentes, y restan 241.000 que por sus características responden a las del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), figura establecida como categoría de trabajo en la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Sin embargo, según reconoce el Ministerio de Empleo, tan sólo 10.500 tienen registrados sus contratos en el Servicio Público de Empleo (SEPE) y pueden considerarse efectivamente TRADE.

Además, según datos de la organización, sólo 3.000 de entre los autónomos dependientes están protegidos por un Acuerdo de Interés Profesional (AIP), figura jurídica colectiva regulada por el estatuto del autónomo y que tiene por objeto establecer las condiciones generales del ejercicio de la actividad en cada sector empresarial.

De estos 3.000 casos, al menos la mitad corresponden al sector comercial del marketing directo, ya que están incluidos en el AIP suscrito por UPTA con empresas del sector y que por el momento es el único acuerdo colectivo que puede considerarse efectivo y de eficacia general.

Reticencia y falta de información

En opinión de UPTA, esta situación deriva, en primer lugar, de la renuencia de las empresas a reconocer derechos a un colectivo que hasta ahora no los tenía. Especial gravedad tiene esta actitud en el sector del transporte ligero, sector para el que estaba en buena parte creada la figura, ya que muchos de sus trabajadores están fuera del Estatuto de los Trabajadores. Esta situación se agrava con la expansión del denominado transporte de “última milla” que hace que muchos trabajadores desarrollen su actividad en el reparto de cargas fraccionadas como autónomos debido a la aparición de nuevos sistemas de distribución, aunque muchas empresas no quieren aceptar la figura del TRADE –o autónomos dependientes– para su normalización.

La falta de información es otra de las razones. A pesar de que el estatuto contemplaba la realización de campañas informativas, éstas no se han desarrollado nunca, bajo la justificación de la falta de presupuesto.

Especial gravedad tiene la actitud de algunos sectores de la Administración Pública, como los de algunas direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo, que al no tener competencias en esta materia, ponen en duda la existencia de la propia figura debido sólo a razones corporativas, actuando en contra de los TRADE o autónomos dependientes ya existentes, en lugar de buscar las bolsas de fraude reales que son los cientos de miles de autónomos que no son reconocidos como tales. A pesar de ello, la Dirección General de Trabajo Autónomo del Ministerio de Empleo y algunas administraciones autonómicas están realizando una buena labor de análisis y apoyo a estos AIP.

Frente a ello, según el secretario general de UPTA, Eduardo Abad,  “desde la organización se está trabajando en la extensión de los AIP y los existentes, como el del marketing directo, son una buena prueba de ello”.

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