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La sanidad en prisión lleva dos años en un vacío legal

Varias iniciativas en las Cortes y Parlamentos autónomos piden el traspaso a las comunidades de la atención a los presos

El Autónomo Digital. La atención sanitaria a los presos que cumplen condena en las cárceles españolas se ha quedado en un limbo legal. Interior no renueva desde 2014 los convenios que mantenía con las Comunidades Autónomas para garantizar la atención especializada a los reclusos.

Prisiones contactó en agosto de 2015 con las Comunidades Autónomas para invitarles a iniciar el traspaso de competencias, pero ni el Gobierno ha promovido este traspaso ni ninguna comunidad ha recogido el guante lanzado por Interior. Mientras, la atención médica a los presos es cada vez más precaria.

Fue en 2014, cuando llegaron los nuevos fármacos contra la hepatitis C, un virus que, según los datos de la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria, afecta a alrededor de 13.000 de los 65.000 reclusos que hay en España, cuando los acuerdos dejaron de negociarse debido al elevado coste de los nuevos tratamientos, inasumible con el importe de los convenios entre Prisiones y las comunidades, que pleitean en los tribunales por ver a quién le corresponde pagar estos antivirales. La mayoría de los jueces está dando la razón a las autonomías, lo que ha llevado a Interior a, por primera vez, solicitar a las consejerías de Salud “el inicio de las conversaciones” para llevar a cabo la transferencia.

 

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