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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la presentación de los PGE de 2017.

La incertidumbre en el colectivo de autónomos prosigue pese a la aprobación de la ley

La incertidumbre en el colectivo de autónomos prosigue pese a la aprobación de la ley
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Los presupuestos para 2018 continúan bloqueados y eso afecta a varias medidas

Antoni J. Cano/El A. Digital. Con la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo –pendiente de su publicación en el BOE– y el comienzo en el Congreso de los trabajos de la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) se abre un período, en los próximos meses, que puede ser determinante y en el que se prevén cambios significativos para el colectivo de autónomos de este país. Sin embargo, todavía hay importantes nubarrones en el horizonte.

Aprobada finalmente la ley –que se tramitó como urgente pero que ha tardado casi un año en ser refrendada–, quedan por resolver varios asuntos fundamentales para el colectivo.

Para la organización ATA, después de aprobar el texto, “el siguiente paso es seguir trabajando porque queda mucho por hacer”. Las organizaciones de autónomos que comparecerán en la subcomisión –la propia ATA, UPTA y UATAE– propondrán nuevas medidas para la reforma el RETA en la comparecencia que inaugurarán este miércoles, 18 de octubre.

Pero la subcomisión del RETA no será el único foro parlamentario de batalla y de posibles reformas: también lo serán la Comisión del Pacto de Toledo o la proposición de Ley contra la Morosidad. “No será sencillo, pero estamos dispuestos a echarle las horas y el diálogo que haga falta”, afirman desde ATA.

La tensión política salpica a los autónomos

No obstante, además de las cuestiones clave que no resuelve la ley y que deben tratarse y resolverse en otros foros, hay varias medidas incluidas en el propio texto normativo que están en el aire puesto que dependen de los presupuestos generales del Estado. Estas cuentas deben aprobarse antes de final de año. En caso contrario, quedarían prorrogados los presupuestos de 2017. Y, de momento, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios después de que el PNV se los haya negado por su desacuerdo con la actuación del Ejecutivo en el conflicto con Cataluña.

Según informó en julio el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, el impacto económico total de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo rondará los mil millones de euros.

La mayor parte de esa cantidad corresponde a la ampliación de la tarifa plana de cincuenta euros, que los nuevos emprendedores podrán disfrutar durante doce meses, en lugar de los seis actuales. Nadal la cifró en unos 600 millones, que deben incluirse en las cuentas de 2018, si finalmente se aprueban. En caso contrario, continuarían vigentes las de 2017, que sólo tienen reservados para tal fin 480 millones de euros.

En la misma situación se encuentran otras medidas como la exención total de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado de menores o dependientes; la reducción de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes; o la que permitirá que los autónomos puedan darse tres veces de alta y de baja en el mismo año.

Además, hay una medida que depende explícitamente de los presupuestos puesto que éstos han de fijar una cantidad concreta: la cuota de los autónomos societarios. Según la nueva ley, esta cuota ya no subirá automáticamente en función de lo que se eleve el salario mínimo interprofesional, sino que dependerá de lo que se determine en los presupuestos generales del Estado, después de negociarlo con las asociaciones de autónomos más importantes.

El borrador de presupuestos incluye parte del impacto de la ley

Afortunadamente, el Gobierno sí ha previsto, al menos, una partida relacionada con la nueva ley del autónomo. El Ejecutivo ha remitido este lunes a la Comisión Europea el plan presupuestario para el año que viene, en el que esboza los ingresos y gastos, proyecciones de crecimiento o déficit en un escenario sin cambios en las políticas públicas ante la falta de presupuestos.

Entre los pocos cambios que incorpora el plan presupuestario figura un impacto de 100 millones de euros en el IRPF por la aplicación de la nueva ley de autónomos, en concreto por las desgravaciones fiscales establecidas por los suministros para aquellos que trabajan desde su vivienda.

También incluye la subida de las pensiones en un 0,25 %, ya que la reforma de 2013 recoge esta revalorización mínima anual mientras persista el déficit de la Seguridad Social.

Por otro lado, se ha incluido otra partida extraordinaria por la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) a la que el Estado tendrá que hacer frente una vez liquidadas las autopistas radiales en quiebra, que revertirán al Estado entre enero y abril con un coste de 2.000 millones.

En ese plan enviado a Bruselas, el Gobierno dibuja un escenario “prudente” y “a política constante”, en el que tiene en cuenta la “incertidumbre” asociada a la situación política en Cataluña y la “ligera desaceleración económica”. Así, la previsión de crecimiento económico para el próximo año se rebaja tres décimas, de 2,6 % al 2,3 %.

De esta forma, por el momento, quedan aparcadas también medidas anunciadas como la subida del sueldo de los empleados públicos, la bajada del IRPF para rentas bajas, la ampliación del permiso de paternidad o la reducción del IVA del cine.

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