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Crecen las dudas jurídicas en torno a la economía colaborativa

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a los taxistas ante Uber

El Autónomo Digital/A. J. Cano. En los últimos días se han sucedido las reacciones a la postura sobre Uber del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras una demanda de taxistas españoles. Y crecen las dudas sobre los requisitos legales de la economía colaborativa, que gana adeptos día a día.

Básicamente, lo que señala el abogado general de la UE –su opinión no es vinculante pero tiene su peso en el veredicto final del tribunal europeo– es que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital o una mera intermediaria entre conductores y clientes, de manera que las autoridades pueden exigirles licencias y autorizaciones como las que precisan los taxistas. Por tanto, Uber no puede beneficiarse del principio de libre prestación de servicios que las leyes comunitarias garantizan a los servicios de la llamada sociedad de la información. Esto significa que Bruselas, al menos de momento, da la razón a los profesionales del taxi, a la espera de lo que finalmente sentencie el Tribunal de Justicia de la UE.

Si finalmente el tribunal confirma esta doctrina, sentaría un precedente que podría aplicarse a otras empresas como Cabify, pero también a otros sectores de la conocida como economía colaborativa.

Así, para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) el informe que presenta el abogado de la UE con respecto a la demanda presentada contra la actividad de Uber en España –este sindicato confía que finalmente sea “en buena parte” el contenido de la sentencia del alto tribunal europeo–, sobrepasa el ámbito específico del taxi. Según UPTA, “en la práctica viene a confirmar que no se pueden realizar actividades económicas, aunque estas sean colaborativas, sin una titularidad empresarial y sin las licencias correspondientes a cada tipo de actividad económica”.

Por otra parte, también viene a clarificar el papel de las denominadas plataformas peer to peer. Estas plataformas, si consideramos lo que dice el informe sobre Uber, no son simplemente ámbitos de contacto entre terceros, sino que intervienen en el negocio y condicionan la realización del mismo por lo que están sujetas a las normas sectoriales.

Para UPTA, lo importante del documento “es que limita la capacidad de competencia desleal, poniendo coto a la acción de los particulares cuando realizan actividades que pueden considerarse empresariales”.

En opinión del secretario general de UPTA, Eduardo Abad, “la sentencia, si se confirma en estos términos, permite que toda actividad económica pueda hacer uso de las tecnologías más avanzadas  sin que se creen diferencias entre los diversos tipos de profesionales, siendo todos iguales ante la Ley”.

Demanda contra Uber en 2014

Todo comenzó hace unos tres años. En 2014 la asociación profesional Élite Taxi demandó en Barcelona a Uber asegurando que la “falta de licencias, autorizaciones y credenciales vulnera las normas reguladoras de la competencia en España”. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, al no saber bien cómo interpretar la legislación europea, remitió al Tribunal de Justicia de la UE, ubicado en Luxemburgo, una serie de cuestiones.

Por su parte, la empresa californiana, en un comunicado, asegura que el pronunciamiento de la Justicia europea “no cambiaría la operativa que actualmente tenemos en la mayoría de países de la UE” y afirma que la decisión “confirma la necesidad de un cambio normativo para que millones de personas puedan acceder a una movilidad más asequible y sostenible”.

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