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El consejo de ministros aprueba el real decreto para el control de la actividad de VTC

El consejo de ministros aprueba el real decreto para el control de la actividad de VTC
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El Autónomo Digital. El consejo de ministros, en su última reunión del año, celebrada el pasado viernes, ha aprobado el real decreto por el que se establecen normas complementarias al reglamento de la ley de ordenación de los transportes terrestres, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Plataformas como Uber y Cabify actúan como intermediarias de estas licencias.

El Ministerio de Fomento, que ha desarrollado esta norma, ha informado de que se trata de un conjunto de medidas para “mejorar la regulación” en el sector de las VTC y “asegurar así su convivencia ordenada” con el del taxi.

A través de este real decreto Fomento asegura que se impedirán “las prácticas especulativas” de aquellos que hubieran solicitado licencias de VTC con objeto únicamente de lucrarse con su inmediata reventa, sin intención de operarlas.

No se podrán transmitir las licencias de vehículos con conductor

La norma aprobada el pasado viernes introduce una disposición que impide la transmisión de autorizaciones durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original.

También contempla la creación de un registro único a nivel estatal, al que deberán comunicarse los servicios o trayectos en VTC con carácter previo a su realización, lo que, a juicio de Fomento, “facilitará la labor” de los servicios de inspección, asegurará la precontratación y evitará la captación de viajeros por las vías públicas, aeropuertos o estaciones.

Fedetaxi

Según indica la organización más reprentativa del sector del taxi, Fedetaxi, este real decreto arrancó su trámite en junio de 2017, fruto de las peticiones de Fedetaxi al Ministerio de Fomento para frenar la especulación y reforzar el control de la actividad de VTC.

Tras un primer texto que Fedetaxi valoró insuficiente, se efectuaron modificaciones consistentes en que Fomento generara una aplicación web con la que registrar y controlar cada uno de los servicios VTC que se realicen, en especial, los operados por la empresa de transportes Uber y la plataforma Cabify, de los que habrán de ofrecerse los datos del viajero con

También, se aplicarán los requisitos de establecimiento del Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT) a los nuevos otorgamientos de autorizaciones derivados de las sentencias del tribunal supremo. Este hecho ha sido duramente criticado por la CNMC, el organismo que preside Marín Quemada, pero ha sido validado respecto a su absoluta legalidad por el Consejo de Estado.

Así, según comprometió De la Serna, el real decreto vería la luz antes de 2018, “contribuyendo a evitar el desmantelamiento del sector del taxi que suponen los privilegios en materia de movilidad urbana que se están atribuyendo a mercantiles como Uber y Cabify”. Finalmente así ha sido y el real decreto de control de las licencias de vehículos con conductor ya está aprobado.

Punto de inflexión en el taxi y los vehículos con conductor

La nueva regulación de Fomento, unida a la asunción de competencias por los ayuntamientos y CCAA, que ha solicitado Fedetaxi, y que podría abordarse en una futura reunión de la Conferencia sectorial de Transportes (presidida por De la Serna), “no soluciona los problemas de 70.000 autónomos del taxi fruto de una errática política precedente, pero supone un paso más en la dirección correcta, que debemos celebrar desde el sector del taxi”, valoró Miguel Ángel Leal, presidente de la organización mayoritaria de los taxistas.

Leal también señaló que este asunto y la reciente sentencia del TJUE sobre el “caso Uber” deberían suponer un punto de inflexión para el sector del taxi en sus “justas reivindicaciones, de modo que ahora quedamos a la espera de actuaciones de similar compromiso por parte de los ayuntamientos (Madrid y Barcelona, en especial)”.

Leal reclama que las ciudades “despejen la incertidumbre sobre el futuro de 100.000 familias que viven del taxi y las dudas que puedan existir en algunas administraciones sobre el respaldo jurídico y social que mantienen las solicitudes regulatorias de los taxistas en materia de movilidad urbana”.

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